La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental Feafes Andalucía ha pedido a la Junta garantías sanitarias ante la reapertura de estos centros, que -advierte- «aún no están preparados para la atención directa a usuarios».
Más de 18.000 familias andaluzas que conviven con problemas de salud mental durante el confinamiento y más de 200 de trabajadores están esperando la respuesta de la Junta de Andalucía para incorporarse a la actividad presencial con las medidas de protección necesarias, según ha informado Feafes en un comunicado, en el que exige a la Junta que «no se ponga en juego la salud de un colectivo que tiene una alta vulnerabilidad e incertidumbre en esta situación de crisis».
Las Consejerías de Salud e Igualdad se han reunido esta semana para tratar cómo se dará servicio en los centros sociales abiertos, que debían dar servicio en esta fase 1 de desescalada, aunque, según Cristina González, presidenta de Feafes Andalucía, no tienen hasta el momento respuestas, por lo que prevé que «quizá hasta las próximas fases no puedan reiniciar los servicios”.
Ha aclarado que Feafes Andalucía y sus asociaciones federadas «no buscan ningún trato de favor, piden sólo que se les dé indicaciones claras sobre qué usuarios van a poder volver a los centros» y sostiene que será obligatorio que la Consejería de Salud haga test a los usuarios de estos centros y a los profesionales.
Feafes ha hecho un llamamiento a la Consejería de Salud para que proporcione a las entidades material formativo homologado y que se tenga en cuenta la necesidad de formación -adaptada- que tienen las personas usuarias de los centros.
“Sólo cuando se aclaren estas cuestiones podremos reiniciar la actividad directa con usuarios, mientras esta información nos llega estamos trabajando en la elaboración de protocolos que permitan la reorganización de todos los programas y actividades de cada de asociación para adaptarse a las nuevas circunstancias”, ha confirmado Cristina González.
Publicado en LA VANGUARDIA
