El presidente de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con problemas de Salud Mental (FEAFES Andalucía Salud Mental), Manuel Movilla, junto al vicepresidente de la entidad, Blas García y el portavoz de Comité Pro Salud Mental de la Federación, Javier Moreno, han mantenido hoy una reunión con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz Domínguez y el director General de Personas con Discapacidad, Marcial Gómez Balsera, para trasladarles que el colectivo de salud mental debe ser un objetivo prioritario en las políticas de inclusión, servicios sociales y de protección social dentro del gobierno andaluz.

En la reunión se ha puesto en valor y se ha insistido, por ambas partes, en la relevancia de la atención social de las personas con problemas de salud mental y sus familias como herramienta para la inclusión y la prevención de la dependencia en Andalucía y la importancia de los centros sociales, programas y servicios, de las entidades federadas.

Desde la Federación han manifestado a la responsable de la Consejería que, por encima de los problemas de salud, que padecen estas personas están las dificultades sociales y de desigualdad a las que se enfrentan día a día ya que las ponen en una situación de riesgo de exclusión permanente.

Por su parte la consejera, Rocío Ruz, ha manifestado su compromiso con el movimiento asociativo en distintos ámbitos, y ha confirmado la incorporación de los centros sociales a la plataforma de gestión de datos de centros sociales como herramienta para compartir información, analizar perfiles y necesidades de atención social.

En materia de Dependencia se va a retomar la formación del personal técnico de la valoración, así como el de las personas que prestan el servicio de la ayuda a domicilio. Y ha añadido su compromiso a trasladar al Gobierno de España la necesidad actualizar los baremos de valoración de dependencia y de grado de discapacidad, para que las reformas de los mismos recojan las necesidades reales de apoyo al colectivo.

Por otro lado, desde la Consejería se va a revisar la normativa que se está elaborando para ver el encaje de las prestaciones y servicios que se dan desde las asociaciones federadas en el sistema de servicios sociales.

Asimismo, se comprometen a incluir la formación sobre nuestro colectivo dentro del marco formativo que va a realizar desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la reunión, que se ha desarrollado en un ambiente de sensibilidad y mutua colaboración, el presidente de FEAFES, Manuel Movilla, ha expuesto los motivos de solicitud de equidad y corresponsabilidad gubernamental para la población andaluza con problemas de salud mental, que puede llegar a un 25% de la sociedad y que se va a incrementar debido a la pandemia, y sus familias, se sientan atendidos en todos los ámbitos.

El presidente de FEAFES, Manuel Movilla ha señalado en la reunión que “las asociaciones no son centros sanitarios, somos centros sociales que atendemos a personas y agentes fundamentales de cooperación y de integración entre los colectivos más vulnerables y la sociedad, ya que trabajamos rompiendo el estigma y desarrollando programas complementarios a los servicios de la administración pública, es decir, nosotros llegamos allí donde la administración no llega por eso debemos trabajar unidos”.

En la reunión, los representantes de la Federación han expuesto a la consejera y al director general los datos e información que avalan la desigualdad social histórica que recibe este colectivo desde hace años en materia de empleo, acceso a la vivienda, exclusión social, aislamiento, reconocimiento en la Ley de Dependencia y de la discapacidad, acceso a la formación, etc. y ha concluido con la petición de la urgente necesidad de apoyos que promuevan la autonomía personal, favorezcan la inclusión social y sirvan para prevenir situaciones de sufrimiento, crisis y exclusión social.

La red FEAFES que representa a 17 asociaciones con 60 delegaciones dentro del territorio andaluz. La Federación es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental.